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Esta medida fue muy criticada por diversos colectivos, incluyendo abogados y jueces, ya que se consideraba una forma de limitar el acceso a la justicia para las personas con menos recursos. Finalmente, en el año 2016, se derogó esta medida tras una importante movilización social y la intervención del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales algunos aspectos de esta reforma.