Deducción por Gastos de Defensa Jurídica
La deducción por Gastos de Defensa Jurídica es una opción que tienen los contribuyentes en España para reducir su base imponible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta deducción se aplica a aquellos gastos que se hayan generado en relación a una defensa jurídica, es decir, los gastos derivados de un proceso judicial o administrativo en el que el contribuyente se haya visto involucrado.
En cuanto a los gastos que se pueden deducir, se incluyen los honorarios de abogados y procuradores, los gastos de peritaje o de notificación y citación, así como las costas judiciales y los intereses y recargos que se hayan pagado en relación al proceso. Además, es importante destacar que esta deducción no solo se aplica a procesos judiciales en España, sino también a aquellos que se hayan producido en el extranjero, siempre y cuando estén debidamente justificados.