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En el año 2013, la escala general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España sufrió unos cambios significativos. Se establecieron nuevas reducciones en los tramos de la tarifa, especialmente en los tramos inferiores, con el objetivo de aliviar la carga impositiva de las rentas más bajas. Esta reforma fue parte de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para fomentar la reactivación económica del país.

Además, en ese mismo año también se estableció una «escala autonómica» o «escala del impuesto cedido», que afectaba a las comunidades autónomas que tienen competencias en materia fiscal. Estas comunidades tenían la posibilidad de fijar un tipo de gravamen diferente, siempre y cuando no superara el límite máximo establecido por el Estado. De esta forma, en algunas regiones se aplicó un tipo impositivo más elevado, mientras que en otras se optó por mantener los tipos de la escala general. En cualquier caso, el tipo máximo en la escala autonómica no podía superar el 23,5%, y en el caso de comunidades como Madrid o Canarias, se estableció un tipo reducido del 21,5%.

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