Red Judicial Europea (RJE)

El portal e-justicia de la Unión Europea nos expone de forma breve la Red Judicial Europea (RJE).

Red Judicial Europea (RJE)

El objetivo de la RJE es mejorar la cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea en los ámbitos jurídico y práctico con el fin de combatir las formas graves de delincuencia, en particular la delincuencia organizada, la corrupción, el tráfico de drogas y el terrorismo.

El principio en que se inspira la RJE es simple: se trata de identificar a las personas que, en cada Estado miembro, desempeñan una función esencial en la práctica en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, con el fin de crear una red de expertos que garantice la correcta ejecución de las solicitudes de asistencia judicial. La RJE tiene especial importancia en el contexto de la aplicación del principio del contacto directo entre las autoridades judiciales competentes.

La RJE está integrada por los puntos de contacto de los Estados miembros y la Comisión Europea. Los puntos de contacto nacionales son designados por cada Estado miembro de entre las autoridades centrales encargadas de la cooperación judicial internacional, las autoridades judiciales y otras autoridades con competencias específicas en el ámbito de la cooperación judicial internacional, tanto general como en relación con ciertas formas graves de delincuencia como la delincuencia organizada, la corrupción, el tráfico de drogas o el terrorismo.

Los puntos de contacto son «intermediarios activos» cuyo cometido es facilitar la cooperación judicial entre Estados miembros, en particular en la actuación contra ciertas formas graves de delincuencia. La Decisión del Consejo sobre la RJE dispone que los puntos de contacto deben permitir que las autoridades competentes a escala local «establezcan los contactos directos más apropiados».

Dentro del cometido de los puntos de contacto también está el de proporcionar la información jurídica y práctica necesaria para que las autoridades judiciales locales puedan preparar de forma eficaz una solicitud de cooperación judicial; desempeñan asimismo funciones de coordinación cuando la existencia de varias solicitudes de asistencia presentadas por autoridades judiciales locales de un Estado miembro requiere una actuación coordinada en otro Estado miembro.

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