Ejecuciones Penales

La ejecución de las penas impuestas en sentencia firme se lleva a cabo a través de las denominadas “Ejecutorias”, siendo competente para conocer de las mismas el Juzgado o Tribunal que impuso la pena. El procedimiento concreto para ejecutar las penas depende de la naturaleza de la pena a ejecutar.

El caso más significativo es de la ejecución de la pena privativa de libertad o prisión. En este supuesto, el cumplimiento de la pena se rige por la legislación penitenciaria y, sin perjuicio de que el penado quede en todo momento a disposición del órgano sentenciador, también interviene el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que es un órgano especializado en esta materia, siendo el encargado de velar por los derechos de las personas que se encuentra en prisión, de vigilar el modo en que se cumple la condena impuesta, y de corregir, si fuera necesario, el trabajo de la Administración Penitenciaria. Entre sus funciones destacan:

1. Los recursos en materia de clasificación inicial, progresiones y regresiones de grado.
2. Autorizar los permisos de salida de duración superior a dos días (excepto para los terceros grados).
3. Resolver por vía de recurso las reclamaciones sobre sanciones disciplinarias.
4. Conceder y revocar la libertad condicional.
5. Resolver cualquier petición o queja referida al régimen o al tratamiento y que afecte a sus derechos fundamentales o a derechos o beneficios penitenciarios. El licenciamiento definitivo se aprueba por el órgano sentenciador.

Otras penas prevista en el Código Penal son las siguientes:

1. Pena de multa: se sigue el sistema de días/multa fijando una cuota diaria aunque para algunos delitos se utiliza el sistema proporcional. Se procederá a su exacción por la vía de apremio en caso de impago, y a su sustitución en caso de insolvencia. (responsabilidad personal subsidiaria) Excepcionalmente el Tribunal puede acordar el pago aplazado de la multa.
2. Trabajos en beneficio de la comunidad: Se necesita el consentimiento del penado. Los trabajos deben ser de utilidad para la sociedad y no estarán remunerados económicamente, aunque se indemnizara al sujeto por gastos de transporte y manutención.
3. Inhabilitación absoluta y especial: pudiendo afectar en este segundo caso a empleo o cargo público, sufragio pasivo, profesión, empleo o comercio o a la patria potestad.
4. Privación del derecho conducir vehículos a motor y ciclomotores: puede actuar como pena principal o medida de seguridad. Si el penado tiene licencia se le retira, si no la tiene aún, se le prohíbe examinarse para obtenerla.
5. Privación del derecho de tenencia y porte de armas: Puede ser una pena principal o medida de seguridad. Consiste en la retirada de la licencia administrativa y la incautación de las armas.
6. Localización permanente: obliga al penado a permanecer en su domicilio o lugar determinado en sentencia, procediéndose al control periódico de dicha obligación.
7. Prohibición de residir en un determinado lugar, aproximarse a la víctima o comunicarse con ella.

El Indulto es una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Responsabilidad civil: la imposición de la pena puede ir aparejada a la declaración de responsabilidad civil del responsable del delito. En estos casos, dicha responsabilidad se ejecutará en el mismo procedimiento aplicando supletoriamente la normativa prevista para la ejecución civil.